En el ecosistema financiero de Nueva York, las cuestiones legales relacionadas con el fraude de valores siguen siendo una preocupación crucial, con una legislación que cambia constantemente para reflejar la situación actual. A partir de 2025, la legislación neoyorquina en materia de fraude de valores sigue evolucionando significativamente, dando forma a la interpretación y aplicación de los estatutos pertinentes que afectan a Wall Street y a las instituciones financieras más amplias de Nueva York.
La Ley Martin es una poderosa herramienta legal promulgada en 1921 para ayudar a luchar contra los delitos de fraude de valores. En 2025, sigue siendo el principal estatuto utilizado en Nueva York para investigar y procesar a personas que han cometido actividades fraudulentas relacionadas con materias primas, valores y otros tipos de instrumentos de inversión. En la Ley Martin, el fiscal general del Estado tiene amplia autoridad para perseguir los presuntos delitos de fraude contra la seguridad de Nueva York.
Los detractores de la Ley Martin argumentan que este texto legislativo otorga al fiscal general demasiado poder para perseguir a las entidades -con permisos para convocar a los interesados a entrevistas y emitir citaciones- sin tener que exigir pruebas de intención de defraudar o conocimiento de la existencia de una actividad ilegal. Podría decirse que esto vulnera los derechos y la intimidad de las personas y las organizaciones.
Otros afirman que la Ley Martin es una herramienta formidable para proteger al público de ser víctima de prácticas fraudulentas.
En 2024, un tribunal federal de Nueva York desestimó gran parte de las reclamaciones por fraude contra la entidad SolarWinds en relación con la divulgación de riesgos en materia de ciberseguridad. El tribunal dictaminó que el caso debía admitirse a trámite sobre la base de una determinada declaración que se hizo en relación con las prácticas de ciberseguridad vistas en el sitio web de la empresa. Estas conclusiones subrayan la importancia de revelar información exacta al público.
El Tribunal Supremo de EE.UU. también dictaminó recientemente en el caso SEC contra Jarkesy el derecho de los acusados a tener un juicio con jurado si la SEC solicita sanciones civiles por delitos de fraude de valores. Esto podría influir potencialmente en la forma en que la SEC puede abordar la investigación y el enjuiciamiento de los casos de presunto fraude de valores.
La SEC ha seguido investigando activamente casos relacionados con la no divulgación de determinados acuerdos financieros. Por ejemplo, se presentaron cargos contra Icahn Enterprises L.P. y Carl Icahn por no revelar adecuadamente la pignoración de valores de la empresa a cambio de préstamos personales. Estos procesos ponen aún más de relieve la importancia de revelar adecuadamente las condiciones contractuales y la información financiera a las partes interesadas y al público.
La reciente evolución del panorama normativo en materia de fraude de valores muestra la importancia de que las empresas mantengan la transparencia con el público y sigan cumpliendo las normas en lo que respecta a la divulgación de información financiera. A la hora de comunicar información empresarial, las empresas deben asegurarse de mantener informes precisos y completos. Garantizar el cumplimiento puede ayudar a mitigar los riesgos operativos y evitar costosos procedimientos judiciales.
Por otra parte, los inversores deben investigar a fondo una empresa antes de realizar una inversión, permaneciendo vigilantes y conscientes de la posibilidad de prácticas deshonestas o engañosas en los mercados.
A: Según la ley de Nueva York, delitos de fraude contra la seguridad implican prácticas engañosas en relación con la venta, compra u oferta de valores. Ejemplos de estos delitos son omitir información importante durante una venta, hacer declaraciones falsas que influyan en el comportamiento y manipular los mercados. El uso de información privilegiada es un ejemplo de fraude en materia de valores. En virtud de la Ley Martin, se concede al fiscal general una amplia autoridad para investigar y perseguir las actividades de fraude de valores.
A: La Ley Martin es el principal estatuto en Nueva YorkLa Ley Martin, promulgada en 1921, autoriza al Estado a tomar medidas enérgicas contra los delitos de fraude de valores. En virtud de la Ley Martin, el fiscal general tiene amplios poderes para llevar a cabo investigaciones y acciones judiciales en relación con prácticas fraudulentas en materia de valores. Esta autorización legal es potencialmente potente, ya que permite al fiscal general tomar medidas sin necesidad de demostrar la intención de defraudar.
A: Las posibles penas por fraude de valores en Nueva York dependen de los antecedentes penales del acusado y de la gravedad del delito. Mientras que una violación de delito menor puede resultar en multas y hasta un año de cárcel, los delitos más graves pueden conllevar una condena de años de prisión. Además, las víctimas pueden optar por entablar un litigio civil contra los acusados para reclamar una indemnización. En tales casos, pueden imponerse penas adicionales.
A: Nueva York define el uso de información privilegiada como la venta o compra de valores utilizando información material que no está a disposición del público. En el estado de Nueva York, estas acciones son ilegales en virtud de las leyes neoyorquinas y federales, como la Ley Martin. En virtud de la Ley Martin, se prohíbe a las personas negociar basándose en información significativa que no se haya divulgado adecuadamente a los accionistas y otras partes interesadas importantes.
A: A partir de enero de 2025, Nueva York sigue tomando medidas enérgicas contra las prácticas fraudulentas relacionadas con la oferta, venta o compra de valores. Cuando se trata de investigar y perseguir actos de fraude financiero, la Ley Martin sigue siendo una herramienta jurídica fundamental. Los esfuerzos en curso siguen garantizando que las técnicas de investigación evolucionen a medida que lo hacen las tecnologías, de modo que puedan erradicarse los delitos relacionados con instrumentos financieros complejos.
A medida que las tecnologías financieras siguen evolucionando y persisten los engorrosos marcos normativos, es crucial trabajar con un asesor experimentado. abogado defensor de fraude de valores que puede ayudarle a evitar ser implicado innecesariamente en un delito o ayudarle a montar una defensa si se enfrenta a acusaciones.
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